Subidas salariales para funcionarios en 2025
Los salarios de los empleados públicos no solamente se mantienen constantes, sino que también experimentan un aumento anual. En el año 2024, los funcionarios en España disfrutarán de un incremento del 2% en sus ingresos.
El Gobierno tiene previsto aprobar el aumento salarial del 2% programado para este año para los empleados públicos, sin esperar la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Esta decisión fue confirmada por el ministro de Transformación Digital y Función Pública, José Luis Escrivá, el pasado martes 12 de Marzo. A pesar de la ausencia de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, esta medida se llevará a cabo a través de un decreto ley que será aprobado después de la Semana Santa, hacia mediados de abril.
El aumento salarial se aplicará con efecto retroactivo a partir del 1 de enero de 2024, ya sea en la nómina de abril, mayo u otras posteriores. Esto requerirá que las administraciones paguen una compensación retroactiva correspondiente a los meses en los que el incremento no se haya aplicado. Por el momento, se garantizan tres meses: enero, febrero y marzo. La cantidad de meses adicionales dependerá de la demora en la emisión del real decreto.
La subida salarial para los funcionarios representa un alivio en un contexto de aumento del costo de vida y la inflación. La subida de sueldos para los funcionarios en 2024 es una medida destinada a reconocer la labor de estos profesionales y mejorar sus condiciones económicas.
Este aumento salarial supondrá un gasto para el Estado de 4.746 millones de euros.
En 2025 no está previsto ningún aumento salarial, ya que el acuerdo firmado entre el Ejecutivo y los sindicatos expira el próximo año. Hasta entonces, la subida máxima acumulada habrá sido del 9,5% en tres años si se cumplen todas las variables mencionadas.
A quién afectará la subida salarial de los funcionarios
Más de tres millones de trabajadores del sector público aguardan la actualización de sus salarios, ya que esta medida no solo afecta a los empleados estatales, sino también a la los municipales y a aquellos que trabajan en servicios administrados por las comunidades autónomas.
