El Consejo de Ministros aprobó este martes 16 de Julio el anteproyecto de Ley de Función Pública, con el objetivo de transformar la Administración, según informó Pilar Alegría, portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes.
El anteproyecto de Ley define las funciones del personal tanto funcionario como laboral y permite al Gobierno organizar cuerpos y escalas. Además, establece los requisitos para acceder y perder la condición de empleado público, creando un marco más claro y transparente.
Estos cambios buscan fortalecer la profesionalización de la Función Pública, asegurando que los mejores candidatos accedan a los puestos de trabajo y se mantenga un alto nivel de competencia y eficiencia en la Administración.
Aprendizaje, Formación Continua y Ética Profesional
En cuanto a la formación y el aprendizaje continuo, los itinerarios formativos y la gestión por marcos competenciales se convierten en elementos fundamentales del régimen de empleo público. Además, la ley regula los derechos y deberes de los empleados públicos, así como su régimen disciplinario.
Estas reformas en capacitación y ética profesional buscan asegurar que los servidores públicos posean las habilidades y conocimientos necesarios para desempeñar sus funciones con la máxima eficiencia y compromiso hacia la ciudadanía.
Administración moderna y eficiente
Finalmente, el anteproyecto regula los derechos y deberes de los empleados públicos, así como su régimen disciplinario. Estas medidas fortalecen la ética profesional y la integridad en el desempeño de las funciones públicas, promoviendo una Administración más transparente y confiable.
En resumen, el anteproyecto de Ley de Función Pública representa un hito significativo en la transformación de la Administración española. Estas reformas buscan modernizar y fortalecer la Función Pública, adaptándola a los desafíos del siglo XXI y garantizando una prestación de servicios más eficiente y de calidad para los ciudadanos.
